Crisis judicial de Bolivia de 2024
La crisis judicial de Bolivia de 2024, es como se conoce a la crisis generada debido a la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (TCP) de aprobar, mediante la sentencia 0049/2023, la prórroga indefinida de su propio mandato y de los otros tribunales judiciales del país, que debían funcionar hasta el 31 de diciembre de 2023.[1] La convocatoria a elecciones judiciales fue introducida en la Constitución boliviana de 2009 y fueron llevadas a cabo en dos ocasiones, en octubre de 2011 y en diciembre de 2017, para lo cual se necesitan dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para aprobar la lista de candidatos o la ley de convocatoria al acto electoral.[2] El 11 de diciembre de 2023, el TCP declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de un proyecto de Ley Transitoria de Elecciones Judiciales que debía ser tratado por la ALP.[3]
El expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, envió el 15 de enero de 2024 una carta a Margaret Satterthwaite, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de los magistrados y abogados, en la que le pidió pronunciarse sobre la prórroga de mandato que se otorgaron los consejeros y magistrados del Órgano Judicial y del TCP.[4] En cuanto al TCP, el 31 de enero del mismo año emitió una resolución para que la ALP reconozca la prórroga de mandato de los magistrados antes de iniciar el tratamiento de una nueva ley, denominada ley 144, que convoque a las elecciones judiciales.[5]
El primero de marzo, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, aplazó el tratamiento de los proyectos de Ley 073 y 075, referidos a la suspensión de plazos procesales y la prórroga de magistrados. Esto fue debido a una nota que recibió del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, en el que indicó que los plazos para su tratamiento en la Cámara de Diputados ya había vencido.[6]
Véase también
Referencias
Datos: Q124513652
