Álvaro León Flórez

Nació en la década de 1960 en San José de Ocuné, inspección del municipio de Cumaribo que se encuentra dentro del terreno de un resguardo indígena.^[1]​ Estudió en el colegio Camio Torre del municipio de Santa Rosalía, sitio en el cual se instruyó hasta la educación secundaria, cuando debió abandonar sus estudios para comenzar a trabajar debido a la muerte de su padre.

De 1999 a 2019 fue administrador de la Hacienda Las Nutrias, en Puerto Carreño.^[1]​

En las elecciones regionales de Colombia de 2019 se postuló como candidato a la Gobernación de Vichada con el aval del Partido Centro Democrático, además del apoyo del Partido Social de Unidad Nacional; su principal promesa de campaña fue "potenciar las riquezas del departamento".^[2]​ Durante la campaña fue denunciado por presuntos nexos con narcotraficantes; según el colectivo que lo denunció, llamado "Comunidad Vichadense y del Guainía", León Flórez tenía "varias investigaciones abiertas en la Fiscalía por narcotráfico, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y lesiones personales", además de que señalaban que ya había sido investigado por estos en 2011.^[3]​ A esta denuncia se le sumó que recibió el apoyo del destituido gobernador Andrés Espinosa Flórez, acusado de corrupción, y que apoyó en las anteriores elecciones al gobernador Luis Carlos Álvarez, también investigado por corrupción.^[4]​ Sin embargo, negó las denuncias.^[3]​ Cuñado de Álvarez, obtuvo su apoyo para la elección.^[5]​

El 27 de octubre de 2019 resultó elegido Gobernador con 17.530 votos, equivalentes a una aplastante victoria del 65,99% de los votos,^[6]​ convirtiéndose así en el candidato a Gobernador de Vichada con la mayor votación obtenida.^[7]​

Ya como gobernador, en agosto de 2020, fue suspendido por sobrecostos de $300 millones de pesos en varios contratos para la prestación de ayudas sociales por la pandemia de COVID-19.^[8]​^[9]​ Según la Procuraduría, León omitió su papel como regulador de los contratos firmados por la Gobernación.^[10]​Más adelante, en julio de 2023, la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por ocho años para ejercer públicos por suscribir un contrato de $1.700 millones de pesos con una persona inhabilitada para tal fin, la cual, además, era uno de sus principales contribuyentes de campaña. Sumado a esto, se descubrió que esa persona aportó más de $40.000.000 de pesos a la campaña de León, excediendo el límite de aportes que podía realizar una persona natural (establecido en ese momento en $20.000.000 de pesos).^[11]​ Aunque apeló la decisión, en agosto la Procuraduría la dejó en firme en segunda instancia.^[12]​ A pesar de todo esto, León jamás abandonó el cargo (puesto que la Procuraduría no tenía poder para destituir funcionarios electos por votación popular) y concluyó con normalidad su mandato el 31 de diciembre de 2023.^[13]​